En Cataluña se están viviendo momentos difíciles para los castellanohablantes. La Generalidad plantea retirar los conciertos a los centros que no sean mixtos, cobren cuotas altas a sus estudiantes o tengan pocos inmigrantes.

El borrador del decreto ha sido sometido a información pública por parte del actual consejero de educación, Josep Bargalló, y en él se muestra que la Generalidad pretende determinar, entre otras cosas, de forma unilateral las plazas de alumnos de la escuela concertada. Este nuevo procedimiento implica que se terminará con la capacidad de elección de las familias ya que las plazas serán eliminadas antes de que éstas puedan optar por el colegio de su preferencia.

Según estadísticas recientes, el 37% del alumnado catalán estudia en este tipo de centros. Pilar Contreras (directora general de Centros Concertados y Privados del Departamento de Educación) ha defendido que la finalidad del decreto es distribuir, de manera más equitativa y equilibrada a los alumnos en un nuevo contexto demográfico donde hay menos nacimientos y más extranjeros.

Otro de los aspectos conflictivos del decreto es que va a priorizar la utilización del catalán como lengua vehicular en los centros. Esta medida ha generado sospechas respecto a la actitud que pueda adoptar la Generalidad (a la hora de beneficiar a los centros que le son ideológicamente afines) y ha provocado que la directora general tuviera que afirmar que antes de proceder a la retirada del concierto, se promovería un diálogo entre el departamento de Educación y el centro.

Algunos de los artículos más polémicos del decreto son el 20, que impone que los centros tengan que ser mixtos para recibir el concierto, el 34 que impone que para renovar dicho concierto se tenga que cumplir con este principio y el 22 que dispone que en caso de insuficiencia presupuestaria tengan prioridad para recibir fondos los centros que escolaricen a más alumnos sin recursos, las cooperativas y los centros que planteen iniciativas que la consejería juzgue como interesantes.

En resumen, el decreto del gobierno trata de aumentar el control de los políticos sobre el sistema educativo catalán. En este sentido, el Secretario General de Escuelas Católicas (Luís Centeno) ya lo ha tildado como muy intervencionista y, además, ha asegurado que infringe la jurisprudencia del TC y el TS.

Tal y como ha señalado el diputado catalán, Ignacio Garriga, en VOX nos hemos comprometido a garantizar que el espacio educativo sea un foco de libertad donde las decisiones de los padres sean, al menos, igual de importantes que las del Estado. Por ello, la propuesta del Pin Parental no es más que un parche en un sistema educativo que necesita una profunda reforma. También, el presidente del partido, Santiago Abascal, afirmó en las páginas de ABC que la formación siempre combatirá a aquellos que, en nuestro país, pretendan excluir a la lengua común (hablada por más de 558 millones de habitantes) de sus programas, tal y como parece deducirse del nuevo decreto catalán.

https://www.voxespana.es/actualidad/mas-alla-del-pin-parental-vox-contra-el-decretazo-educativo-catalan-20200225