Uno de los mensajes que el Gobierno socialcomunista ha tratado de introducir en la crisis del coronavirus es el ataque a los recortes del PP en materia sanitaria. Sin embargo, en agosto pasado, el Ejecutivo entonces en funciones de Pedro Sánchez, ante la prórroga presupuestaria, envió una carta a 11 comunidades autónomas en la que les reclamaba un plan de ajuste y recortes en el gasto sanitario. Las regiones afectadas eran aquellas que hubieran superado el límite de endeudamiento acordado en los Presupuestos de Mariano Rajoy.

Entonces, desde Sanidad, se argumentó que el procedimiento formaba parte «del proceso administrativo normal y regulado de un país que tiene unas normas, unas reglas del juego». Según expresó el secretario general del departamento, Faustino Blanco, «son comunidades que están comprometidas con el déficit que tiene este país». Las únicas comunidades exentas eran Extremadura, Castilla y León y País Vasco.

La misiva recibió la respuesta crítica de las regiones. Especialmente de Cataluña, donde la Generalitat calificó de «incompetente» al Gobierno por reclamar «políticas de austeridad». «Por una parte cede responsabilidades y por otra exige recortes», reprochó la consellera de Salud, Alba Vergés.

En la carta, según recogieron varios medios, se advertía a las comunidades de que habían superado la tasa de referencia de la regla de gasto en materia farmacéutica y sanitaria. Ello implicaba, por ejemplo, que las autonomías debían aplicar «medidas de mejora de la eficiencia y sostenibilidad», especialmente en el ámbito de la prestación farmacéutica ambulatoria y hospitalaria, además de en productos sanitarios. La carta hacía especial referencia a las prótesis, pero también a «aquellos otros productos que supongan un alto gasto». Las regiones debían elaborar, a petición de Sanidad, un informe en el que se analizase la situación de gasto, con medidas concretas, que sería sometido a la comisión de seguimiento de la que forman parte los Ministerios de Hacienda, Sanidad y las autonomías.

5,9% del PIB

Para este año, y de acuerdo al plan de Estabilidad Presupuestaria enviado en octubre a Bruselas, Pedro Sánchez había presupuestado en gasto sanitario público un 5,9% del PIB, lo mismo que en los anteriores ejercicios y lejos del 7% que prometió el socialista para 2023. En el acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos se comprometen a incrementarlo a esa cifra -Podemos reclamaba un 7,5%- «alcanzando una inversión en servicios públicos propia de otros Estados de la zona euro durante la legislatura». En las cuentas en elaboración -y cuya tramitación ha quedado en suspenso por la crisis del coronavirus- Sánchez se comprometía a «reforzar la sanidad pública y el sistema de atención a la dependencia mejorando los servicios sociales y sanitarios».

La crisis del coronavirus ha obligado en cambio a un extraordinario esfuerzo en gasto sanitario, que incluye una transferencia de 2.800 millones de euros para reforzar el sistema sanitario en las comunidades autónomas además de 1.000 millones de euros para realizar intervenciones sanitarias prioritarias.

Casado niega recortes

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha negado este lunes que su partido haya acometido recortes en Sanidad «ni siquiera en los peores años de la crisis».

«Pedimos que no haya críticas a la gestión de alcaldes o presidentes autonómicos por ser de otro partido y mucho menos que se intenten dar datos falsos sobre supuestos recortes o detrimentos de recursos para la Sanidad o los Servicios Sociales», ha destacado Casado en una comparecencia ante los medios de comunicación con preguntas en directo.

El líder ‘popular’ ha defendido que «en los últimos años hemos experimentado un gran esfuerzo todas las administraciones para que en los peores años de la crisis económica se haya podido invertir en servicios sanitarios». Casado ha insistido en que «tenemos mejor sistema sanitario de Europa» y que su partido «está a la altura de las circunstancias».

La utilización del argumento de los recortes por parte del Gobierno motivó la pasada semana la queja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de una carta a la presidenta del ente público, Rosa María Mateo, por sus «ataques» a la sanidad pública madrileña

«Es muy lamentable que la televisión pública aproveche la mayor crisis sanitaria de la historia reciente de España para tratar de desgastar políticamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid con datos falsos y argumentos tergiversados e incompletos», criticaba Ayuso.

Como ejemplo de la manipulación de las últimas semanas, TVE llegó a entrevistar a un enfermero del Hospital de la Paz, Guillén del Barrio, que criticó la falta de camas en los hospitales. «Falta personal, falta material y faltan equipos de protección», espetó el sanitario en el informativo del ente público. Poco después se supo de su simpatía con Podemos. Portavoz del Sindicato MATS, organización afín al partido de Pablo Iglesias y encargada de organizar las ‘mareas blancas’ para reclamar una «sanidad 100% pública y universal», apoyó a Isabel Serra en su candidatura para encabezar a Podemos en la Comunidad de Madrid para las pasadas elecciones municipales.

El PP también reprochó a RTVE que publicara en su página web que la Comunidad de Madrid había perdido más de 3.000 profesionales sanitarios. «El dato es incorrecto, ya que en él se incluían profesionales que no trabajaban de sanitarios. Es decir, era un dato global que incluía a otros trabajadores del sistema sanitario además de médicos y enfermeros», corrigió el ente.

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