A lo largo del fin de semana el gobierno realizó varias comparecencias de la mano del presidente, Pedro Sánchez, y de las ministras de Hacienda (María Jesús Montero) y Trabajo (Yolanda Díaz).

Los españoles vieron con asombro cómo el presidente del Gobierno anunciaba un aumento en las restricciones del confinamiento al que se están viendo sometidos para tratar de ganarle la batalla al coronavirus. Éstas consistían, según la primera comparecencia, en una extensión de este “estado de confinamiento” a los trabajos considerados como “no esenciales”.

Cuando tanto Santiago Abascal, presidente de VOX, como Jorge Buxadé, vicepresidente del área política del partido, pronunciaron la frase de que “España debe protegerse al máximo, pero no debe pararse”, fueron criticados por los sectores periodísticos afines a este gobierno y por responsables de este. Sin embargo, con ello pretendían señalar que, si la economía se congelaba, los españoles aún sufrirían con mayor intensidad el impacto de la nefasta gestión de la epidemia que estaba llevando a cabo este Gobierno.

Tras la celebración de un Consejo extraordinario de ministros, las ministras Montero y Díaz comparecieron para concretar los planes que, con anterioridad, había anunciado el presidente Sánchez. Por el contrario, entre el mar de vaguedades que expresaron, no anunciaron ninguna medida de impacto para aliviar a los autónomos y las pymes (y que, desde VOX también hemos reivindicado con insistencia) como la suspensión del pago de impuestos (entre ellos, su cuota y también en la luz y el gas) o un aplazamiento de los plazos de los pagos a Hacienda (la ministra se refirió a poner “todos los medios telemáticos a disposición” con lo que remarcaba su voluntad de no perdonar ninguno de los tributos a los ya maltrechos autónomos y pymes).

Esta situación de asfixia hacia el tejido productivo de nuestro país culminaba con un tuit del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que reivindicaba la aplicación del artículo 128 de nuestra constitución. Este tuit fue contestado por el presidente de VOX quien señaló, por una parte, la pertinencia de este artículo y, por otra, el peligro de la aplicación que generaría si se plasmara con las apetencias expropiatorias de Iglesias.

Santiago Abascal fue consciente de que, si bien la constitución es un instrumento al servicio de la protección de los españoles, un vicepresidente como Pablo Iglesias puede, mediante ella e inspirándose en ejemplos latinoamericanos, tratar de desvirtuar su contenido para convertir a España y a sus ciudadanos en siervos de sus designios.

VOX lleva desde el inicio de la crisis proponiendo medidas que contemplen los intereses de los trabajadores, autónomos y pymes y empresas y que traten de facilitarles el tránsito de este duro periodo de confinamiento a causa del coronavirus. El Gobierno, por el contrario, bajo el pretexto de la unidad nacional, no está haciendo sino imponer un programa caóticamente ideologizado donde da la sensación de haber comprado gran parte de las recetas que Podemos ha desarrollado y que, por desgracia para el conjunto de españoles, no harán sino agravar la crisis.