Confirmamos la recepción de su queja y «le hacemos saber que nos encontramos actualmente estudiando su caso«. Es la respuesta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo a la petición presentada por el abogado español José Ortega contra el decreto del Gobierno que declaró el estado de alarma por la crisis del coronavirus en España.

Ortega registró su queja oficialmente para su tramitación ante la comisión de peticiones de la Eurocámara, a través del eurodiputado popular Leopoldo López, por una presunta «lesión de derechos fundamentales en España». El escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, insta a las autoridades europeas para que requieran al Gobierno de España que modifique el Real Decreto de 14 de marzo -y el de prórroga del día 17 del mismo mes- «de manera que sus medidas relativas a la libre circulación sean limitadas pero no prohibidas, a cuyo efecto deberá relacionar una serie de actividades al aire libre, no susceptibles de contagio activo ni pasivo, que puedan ser efectuadas por los ciudadanos». 

La decisión del Consejo de Ministros determinó que «durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público» para realizar una serie de actividades «limitadas» que deben realizarse «individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada». Entre ellas, la compra de alimentos y productos farmacéuticos de primera necesidad; asistencia a centros sanitarios; desplazamiento al lugar de trabajo y regreso al domicilio, una vez finalizada la jornada laboral; asistencia y cuidado de personas mayores, menores, dependientes o personas especialmente vulnerables; fuerza mayor o necesidad; y, circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para repostaje en gasolineras.

En opinión del letrado español, lo que el texto gubernativo pretende que son «limitaciones» constituyen, en realidad, una «suspensión efectiva del derecho de libre circulación, que es un derecho fundamental de la persona recogido no sólo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos sino también en otros Tratados Internacionales de derechos humanos y, por supuesto, en la Constitución Española».

«Lo que hace el Real Decreto no es limitar, sino prohibirla libre circulación de los ciudadanos, lo que supone de facto la suspensión del artículo 19 de la Constitución», afirma la petición registrada. Una cancelación de derechos que el legislador español reserva, únicamente, a las situaciones extraordinarias de excepción y sitio. «El Gobierno de España ha introducido de forma ilegal un sistema muy peligroso e inquietante de suspensión de derechos individuales que podría calificarse de dictadura transitoria de facto», denuncia el abogado en Europa.

Excepción 

«La aparente razón por la que el Gobierno eligió la declaración del estado de alarma y no la del estado de excepción es que la primera depende del propio Gobierno«, mientras que la ley reserva para «los estados de alarma, excepción y sitio la necesidad de autorización del Congreso«, asegura el documento presentado.

Y apunta como causa probable a que Sánchez «no deseaba hacer frente al correspondiente debate parlamentario, en el que es plausible que la oposición le hubiera echado en cara que una de las razones por las que el virus se ha propagado con tanta fuerza -especialmente en Madrid- fue el aliento que los dos partidos gobernantes dieron a las manifestaciones multitudinarias del día 8 de marzo, en contra de las advertencias contenidas en el documento  “Outbreak of novel coronavirus disease 2019 (COVID-19): increased transmission globally – fifth update, 2 March 2020”  del European Center for disease prevention and control, y por supuesto a la omisión de toda medida restrictiva» por parte de las Autoridades Sanitarias o los delegados del Gobierno en las diferentes comunidades autónomas.

Europa

Aunque la ley española establece que «los actos y disposiciones de la Administración Pública adoptados durante la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio» pueden ser recurridos ante los tribunales, en España los juzgados han cerrado sus puertas, lo que provoca la insólita situación de que no sólo el Gobierno ha suspendido de facto e ilegítimamente un derecho fundamental» de los ciudadanos, sino que «se están poniendo sanciones y produciendo detenciones de forma masiva». Lo que ha dado lugar a una «situación insólita» porque «no hay a quien reclamar», sostiene la petición.

Por este motivo el impulsor de la misma «acude al Parlamento Europeo, una institución que es competente para recibir la petición , que continúa funcionando y que es la única instancia capaz de revertir esta situación», concluye.

https://okdiario.com/espana/parlamento-europeo-investigara-si-estado-alarma-sanchez-violado-derechos-fundamentales-5423159