Censurar los discursos alternativos y financiar a los medios de comunicación para evitar opiniones críticas atenta contra el artículo 20 de la Constitución.

Es momento de defender la verdad y la dignidad frente a los que nos gobiernan. Se lo debemos a los miles de españoles fallecidos por su gestión. Que en paz descansen.

El Gobierno continúa en su operación de difamación contra VOX. Con más de 20.000 compatriotas fallecidos (cifras oficiales que no se cree nadie y que VOX se va a encargar de verificar), muriendo en soledad sin poder despedirse siquiera de sus familias, y millones de españoles arruinados, Pedro Sánchez sigue adelante en su campaña propagandística para culpar al resto de formaciones de su gestión criminal de la crisis del COVID-19.

A la espera de su comparecencia semanal, siempre en prime time evitando la emisión de los telediarios, única fuente de información de muchos españoles, Sánchez ordena la publicación de un «editorial» delirante en la web del PSOE en la que culpa de la situación actual a VOX y a la difusión de «bulos de odio» en las redes sociales.

La Real Academia de la Lengua (RAE) define el término bulo como noticia falsa propagada con algún fin. Un simple repaso a la hemeroteca evidencia que el único gran bulo, la única gran falacia, es su gestión. Han mentido y lo han hecho a propósito y, cuando el número de muertes e infectados les ha superado, lo han seguido haciendo en una huida hacia adelante en la que están dispuestos a llevarse por delante el propio Estado de Derecho. Al fin y al cabo, este Gobierno nació de una gran mentira.

Primero ocultaron información de la pandemia a todos los españoles. Cuando ya tenían todos los datos sobre la grave situación, pusieron en riesgo a millones de españoles permitiendo la celebración de actos políticos, deportivos, religiosos y, por supuesto, la manifestación ideológica del 8 de marzo. Un mes perdido desde que la OMS declaró la Emergencia de Salud Pública.

Después utilizaron el Estado de Alarma para imponer su agenda ideológica y blindar a Pablo Iglesias en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En plena escalada de la pandemia, con miles de infectados diarios y los hospitales cerca del colapso, dejaron sin la protección adecuada frente al COVID-19 al personal sanitario, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas.

Desoyeron las peticiones de la OMS y la UE relativas a la compra de material sanitario de forma preventiva. Sánchez disponía de la información desde el 11 de febrero (el informe de los organismos con fecha del 3 del mismo mes), a lo que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, respondió que “España tiene suficiente suministro de equipos personales de emergencia en este momento.”

Utilizaron la sede de la soberanía, el Congreso de los Diputados, para difundir sus bulos. Desde la tribuna de oradores, Sánchez aseguró que un estudio de la Universidad de Oxford otorgaba a España una nota de 90 sobre 100 en la gestión de la crisis. Nada más lejos de la realidad, pues el citado informe hacía referencia únicamente al número de restricciones aplicadas, no a la efectividad de estas.

Bulos, bulos y más bulos. Mintieron y continúan haciéndolo porque para ellos es más importante el sillón que ocupan que la salud y la prosperidad de los españoles. Por eso impendían a los autónomos desempeñar su labor mientras les cobraban la cuota mensual. Por eso han subvencionado con quince millones de euros a los medios de comunicación. Porque la propaganda es más importante que la verdad. Porque imponer su relato es lo único que importa.

Ahora buscan controlar las redes sociales. Han colocado a sus peones mediáticos en los mecanismos de “verificación” de Facebook y Twitter y utilizan el barómetro del CIS para preguntar si habría que fulminar el artículo 20 de la Constitución, que reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Un Gobierno que presume de tener el 97,3% de aprobación pero que no quiere que el 2,7% restante se exprese en libertad. Claro que esa es su última gran mentira y muy pronto millones y millones de españoles se lo vamos a demostrar.

En memoria de los miles de compatriotas fallecidos, VOX trabajará sin descanso para que los responsables de esta gestión criminal paguen las consecuencias de sus actos. Por España y por el futuro de los españoles.