El Gobierno de Pedro Sánchez ya asume, al no tener asegurados los apoyos necesarios, que el Congreso de los Diputados puede tumbar este miércoles la cuarta prórroga del real decreto de estado de alarma por el coronavirus, un texto que dejaría de estar en vigor el próximo 10 de mayo.

Tanto es así que el Ejecutivo de PSOE-Podemos incluyó tal escenario en una orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publicada el domingo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el marco de su plan de desescalada. En concreto, dicha orden ministerial obliga al uso de mascarillas en transporte público y privado incluso si decae el estado de alarma.

Así, la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que «se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad», incorporó en su plazo de vigencia la posibilidad de que la alarma no sea prorrogada, algo que no se venía contemplando en las últimas órdenes dictadas por Sanidad, Interior, Defensa y Transportes, carteras del mando único.

De este modo, el Gobierno establece aquí que «esta orden será de aplicación desde las 00:00 horas del día 4 de mayo de 2020 hasta la finalización del estado de alarma, incluidas sus prórrogas o hasta que existan circunstancias que justifiquen nueva orden ministerial modificando la presente». Este último supuesto permite al Gobierno seguir obligando al uso de mascarilla en transporte público y privado en caso de que el estado de alarma expire el 9 de mayo.

De esta forma, el Ejecutivo socialcomunista podría introducir esta cláusula («hasta que existan circunstancias que…») en nuevas órdenes ministeriales basadas en el acuerdo del Consejo de Ministros con fecha de 28 de abril que aprobó el plan de desconfinamiento o de ‘Transición hacia una Nueva Normalidad’. Sánchez ha fijado ya el uso obligatorio de mascarillas en transportes públicos y privados hasta nueva orden a fin de evitar más contagios y un posible rebrote, y tiene en su mano hacer lo mismo con otras medidas sanitarias y de movilidad para seguir blindando su plan de desescalada en caso de que el Congreso rechace la prórroga de la alarma.

En tal supuesto, el Gobierno puede acordar un real decreto de desescalada para ir desplegando en base al mismo las restantes fases de su plan de desconfinamiento. Sería igualmente a través de órdenes ministeriales con una vigencia abierta, como es el caso de la citada  TMA/384/2020. Decaído el estado de alarma, el único inconveniente radicaría en que la ejecución (no la adopción) de las medidas ya no sería competencia del mando único del Ejecutivo sino de las comunidades autónomas.

En cuanto a las medidas económicas vinculadas al estado de alarma (líneas de crédito, ERTE…), el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, deslizó este lunes que no decaen a la vez porque según la disposición final décima del propio Real Decreto-ley 11/2020 pueden ser prorrogadas por otro real decreto-ley del Gobierno.

Ley de Salud Pública

Por su parte, desde el Partido Popular consideran que la situación a partir del próximo 10 de mayo no entra dentro del estado de alarma, y aseguran que hay mecanismos jurídicos para mantener el control de la movilidad y la seguridad sanitaria a través de la Ley General de Salud Pública de 2011 y la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986. PP, Ciudadanos y PNV, formaciones que apoyaron las tres prórrogas anteriores, se inclinan ahora por no hacerlo, complicando así la mayoría simple que necesita el Ejecutivo de Sánchez para ampliar la alarma hasta el 24 de mayo.

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