Las organizadoras de la manifestación feminista del 8 de marzo en Madrid no han colaborado con la Guardia Civil en la investigación ordenada por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel que ha imputado al delegado del Gobierno en la capital, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación al autorizar la multitudinaria marcha pese al riesgo de contagio por coronavirus. Los agentes de la Benemérita encargados del caso citaron de forma «legal» a las integrantes de la ‘Comisión del 8M’ como promotoras del acto central de la celebración del día Internacional de la Mujer en Madrid pero, a diferencia del resto de responsables de otros eventos masivos programados para esa misma fecha, manifestaron que sólo darían explicaciones ante la propia juez.

Así se desprende del informe de 83 páginas entregado por la Guardia Civil a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, al que ha tenido acceso OKDIARIO, y por el que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituyó este lunes a su responsable, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Los agentes consideraron relevante contar con el testimonio de las organizadoras del 8-M para que confirmasen su asistencia a la reunión de coordinación del acto, fijada el pasado día 27 de febrero, y si en el transcurso de la misma recibieron algún tipo de información relativa a la epidemia del COVID-19 y los riesgos de contagio del virus.

Sin embargo, las integrantes de la comisión organizadora de la multitudinaria manifestación declinaron la posibilidad de aportar su testimonio a los responsables policiales. Muy al contrario, haciendo uso de la opción legal, les indicaron que solamente hablarían en sede judicial. Una posición que choca con la actitud mostrada por el resto de testigos citados por la Guardia Civil que han contribuido, con su información, a esclarecer los hechos por los que el delegado del Gobierno fue imputado y tendrá que prestar declaración el día 5 de junio a las 9.00 horas de la mañana.

La mayor parte de los entrevistados manifestaron ante los agentes que la Delegación del Gobierno hizo llamadas, sin registrar, para que fuesen ellos «de oficio» los que cancelasen sus respectivas convocatorias  de eventos públicos -la primera de las cuales se anuló el 5 de marzo– advirtiéndoles de los riesgos de posibles contagios que «comportaba su celebración».

Tal es así, que a partir de esa fecha los técnicos designados por el Gobierno, entre ellos el propio Fernando Simón, para la gestión de la crisis sanitaria tenían ya un «profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad» y de cómo «la concentración de personas» podía agravar el peligro de contraerla.

Prohibición

El día «6 de marzo», Fernando Simón aseguró al presidente de un congreso evangélico cancelado previsto en la Caja Mágica de Madrid del 19 al 21 de marzo, Juan Carlos Escobar, que el coronavirus suponía un «escenario grave de pandemia» por lo que se estaba llevando a cabo un «seguimiento detallado de los contagios» y una estrategia «basada en la contención», afirman los guardias civiles en su informe.

Todos los responsables sanitario presentes en aquel encuentro afirmaron que el ‘Congreso Unlimited 2020’ «no se podía celebrar de ninguna manera» debido a la «grave situación ya existente» y los riesgos asociados a la misma. Y que «una recomendación expresa», como la que hicieron a Escobar, equivalía a una «prohibición».

Así lo reiteraron en una carta firmada por la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga, que OKDIARIO publicó en exclusiva, sólo dos días antes de la manifestación ideológica del 8-M, cuyas promotoras se han negado ahora a declarar si no es en presencia de la juez. La concentración feminista que finalmente reunió a 120.000 personas en la capital y que el Ejecutivo socialcomunista -vía Delegación del Gobierno liderada por el ahora imputado José Manuel Franco- permitió, superó con creces las estimaciones  de aforo de la organización religiosa para su Congreso Mundial de las Asambleas de Dios 2020, donde estaba prevista la asistencia de alrededor de 4.000 personas.

Las autoridades responsables aconsejaron entonces el aplazamiento (o en su caso, la suspensión) del evento «hasta que se haya verificado por la autoridad sanitaria el control de la transmisión de la enfermedad y del riesgo asociado». El documento, fechado el 6 de marzo, lleva la firma de la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga, nombrada para este cargo por la ex ministra socialista Carmen Montón.

El Ejecutivo basó este emplazamiento en un oficio del Ministerio de Sanidad con fecha de 3 de marzo de 2020, día en que este departamento confirmó la «transmisión comunitaria» del virus, según reveló el pasado jueves el ministro Salvador Illa.

https://okdiario.com/espana/organizacion-del-8-m-nego-colaborar-guardia-civil-investigacion-judicial-gobierno-5663197