Horas tensas en el Palacio de La Moncloa. Desde que el pasado domingo la directora general del instituto armado, María Gámez, comunicase al coronel Diego Pérez de los Cobos su destitución, el incendio en el cuerpo no ha hecho más que subir de intensidad. En el complejo presidencial preocupa el descontento que hay entre mandos y agentes con el Gobierno y las responsabilidades penales que la actuación de Fernando Grande-Marlaska puedan acarrear.

El Consejo de Ministros decidió el martes desbloquear una partida de 247 millones de euros para dar cumplimiento con el tercer tramo de de la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto de los funcionarios de los cuerpos autonómicos. El Gabinete creía que, con esta medida, que aumentará en un 20% el sueldo de policías y guardias civiles, amainaría la tempestad desatada.

La cruda realidad es bien distinta. La dimisión del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, superó esa subida salarial que ya estaba acordada desde 2018. De hecho, Ceña es el primer DAO del instituto armado que presenta su dimisión en la historia de la Benemérita. En la institución policial recuerdan que «una dimisión de estas características, por mucho que estuviese a punto de jubilarse, es muy mala noticia». Buena prueba de la magnitud de profunda herida que se ha abierto entre el cuerpo policial y el Ejecutivo.

El núcleo duro del Gobierno escucha con prudencia cada declaración, tanto del ministro como de la oposición, por si pudiera agravar aún más una situación que de por sí sola califican de “preocupante”. Fernando Grande-Marlaska no es ni José Luis Ábalos ni Adriana Lastra ni Nadia Calviño. Un estrecho colaborador del presidente Pedro Sánchez, consultado por este periódico, resume que si la situación se convierte en insostenible «se le dejará caer». De momento nadie está en esa tesitura. PSOE, Podemos y el Moncloa defienden la actuación del ministro del Interior.

Moncloa se da 48 horas para intentar rebajar la tensión sin tener que comprometer a ninguna de las personas implicadas. No obstante, si la situación no se calma a finales de semana, el Gobierno sacrificará a alguno de los máximos responsables del Ministerio del Interior con el fin de depurar responsabilidades y dar sensación de tener la situación controlada. De esta forma pretenden recuperar la confianza en la Guardia Civil y dejar de dar munición a la oposición.

En el intento para salvar la figura de Grande-Marlaska, por la grave crisis que supondría su salida del Gabinete, Moncloa busca un responsable a quien culpabilizar de la petición del informe judicial al coronel Pérez de los Cobos. Ahí aparece María Gámez, la primera mujer en dirigir la Guardia Civil, que llegó al cargo a principios de este año. La ex delegada del Gobierno en Málaga, que tuvo mucho protagonismo durante la desaparición del pequeño Julen en Totalán, es la pieza más inestable en el organigrama de Interior de cara a depurar posibles responsabilidades.

El otro nombre al que muchos le han enseñado la puerta de salida, en las últimas horas es el de Rafael Pérez, Secretario de Estado de Seguridad. Pérez, persona de la máxima confianza del ministro y ex jefe de gabinete del ministro, está fuertemente protegido por Fernando Grande-Marlaska. Así se lo ha trasladado a algunas personas claves en Moncloa. El máximo responsable de Interior se niega a perder una de las piezas imprescindibles de su equipo.

José Manuel Franco

Caso bien distinto es el del delegado en Madrid, José Manuel Franco. Como María Gámez, el suyo no es un cargo que tenga asegurado de cara a las próximas semanas. Aunque hoy en el PSOE y el Gobierno todos defienden su actuación, marcada principalmente por motivos ideológicos y dirigida desde la planta más alta del número 70 de la calle Ferraz, si la actuación judicial abierta contra él prosigue adelante Moncloa no va a defenderle a capa y espada.

Los estrategas del Gobierno consideran que, de acuerdo con el discurso regeneracionista de Pedro Sánchez, una defensa acérrima de Franco ante los tribunales podría minar aún más la credibilidad del líder del PSOE. Aunque en el complejo presidencial sostienen que no debería haberse abierto causa alguna contra el delegado en Madrid, en función del rumbo que coja la investigación deberá ser el propio José Manuel Franco el que busque salvar su honorabilidad.