El diputado Ignacio Garriga ha destapado una de las principales “trampas” que el Gobierno de Sánchez e Iglesias que permitirá que, cualquier inmigrante ilegal llegado en patera, pueda acceder al nuevo “Ingreso Mínimo Vital”.

Esta renta que bien pudiera servir, como en otros países europeos, para paliar las consecuencias de la crisis económica o servir como mecanismo de integración de aquellos que, por determinadas circunstancias, se ven expulsados del sistema de trabajo, se va a convertir, según ha demostrado Ignacio Garriga, en un incentivo más para que los inmigrantes ilegales quieran llegar a España.

Mientras que en otros países como Italia, Francia o Luxemburgo uno de los requisitos indispensables para poder acceder a este tipo de rentas estatales es el de la residencia continuada en ellos en un plazo que se sitúa que va de los cinco a los diez años, en el caso español y, según lo publicado en el BOE, bastaría con un año para poder solicitarla.

Además, gracias al político de VOX se ha podido comprobar que, entre las excepciones previstas a dichos requisitos por este gobierno se contempla que “aquellos que sean víctimas de trata de seres humanos, a pesar de no tener residencia legal en España podrán acceder” con lo que, de manera velada, se está abriendo una puerta a que cualquier inmigrante ilegal llegue a nuestro país y pueda solicitar dicha renta.

Cuando VOX habla de efecto llamada se le tilda de racista o xenófobo, sin embargo, este tipo de cláusulas, insertadas premeditadamente e invisibilizadas por un conjunto de medios de comunicación que reciben cuantiosas subvenciones de este gobierno, se han convertido en la prueba más evidente de que el “efecto llamada” existe, de que este Gobierno es consciente y de que, aún a sabiendas, no hace nada por remediarlo.

En VOX y, tal y como afirmó recientemente Iván Espinosa de los Monteros, defendemos que sea “la Nación quien decida cuántos inmigrantes hacen falta” y que aquellos que quieran venir a disfrutar de nuestro país deben solicitarlo por los cauces legales adecuados. Sin embargo, este Gobierno cree en otorgar privilegios a aquellos que infringen las normas y, con ello, perjudicar tanto a aquellos que residen legalmente en nuestro país como a los españoles mismos.