El descrédito del Gobierno, acrecentado por los sucesivos escándalos, ha llegado también a las asociaciones de jueces.

La AJFV (Asociación Judicial Francisco de Vitoria) ha instado al ministro del Interior a presentar su dimisión por, en sus propias palabras, “haber pedido toda legitimidad para cualquier cargo ejecutivo”.

La postura de VOX

La petición se produce tras conocer el escrito firmado por María Gámez, directora general de la Guardia Civil, en el que se detallaba que el coronel de los Cobos había sido cesado por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento”.

Hace apenas una semana, VOX le recordaba al ministro de Interior que caería por sus subordinados. Hoy sabemos que el ministro mintió y destituyó al coronel Pérez de los Cobos y su cese respondió a que éste se negó a plegarse al poder Ejecutivo.

En el texto, la AJFV tacha de ‘inaceptable‘ que en un país democrático se permita a un ministro «tomar represalias contra el alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones de una investigación policial en el marco de una instrucción». Además, la asociación también reprocha la especial gravedad de la situación, siendo el ministro magistrado y por ello «perfecto conocedor de que la Policía Judicial depende de jueces y fiscales«.

Pero la AJFV no es las única, a ella hay que suma la Asociación Profesional de la Magistratura y el Foro Judicial, que también se han manifestado al respecto.

La APM ha asegurado que la decisión del ministro es «incompatible con los principios esenciales en los que se basa nuestro Estado de derecho, la separación de poderes y el imperio de la Constitución como norma fundamental».

El FJI (Foro Judicial Independiente), por su parte, tacha de «graves» los hechos: «El ministro ha mentido y ha atentado contra la separación de poderes, al tratar de conocer el contenido de un informe encargado en el marco de unas diligencias que pueden dar lugar, en última instancia, a declarar responsabilidades penales de miembros del Gobierno».