El debate sobre la prórroga del estado de alarma está sobre la mesa del presidente Pedro Sánchez. La ampliación coincidiría en plena campaña para las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Un motivo que inquieta especialmente en Moncloa. Sin embargo, en los últimos tiempos distintos miembros del Ejecutivo ya han dejado caer la opción de una nueva prórroga. Ello, pese a que la incidencia acumulada -indicador del riesgo de contagio- es actualmente de 154,76 casos por cada 100.000 habitantes, en 14 días. Aún lejos del umbral de los 250 casos que se considera riesgo «extremo».
Si se observa la incidencia a 7 días -el indicador más fiable de la evolución futura de la pandemia – éste alcanza los 80,22 contagios. Muy lejos de las cifras que se registraban cuando Sánchez decretó el inédito estado de alarma de seis meses de duración y sin control alguno por parte del Congreso. Entonces, la incidencia a 14 días ascendía a 410,18 infectados por cada 100.000 habitantes. Casi tres veces más que la actual.
El Gobierno espera a la evolución de la situación epidemiológica para tomar una decisión. Las manifestaciones en el Ejecutivo han sido contradictorias. Hace unas semanas, la propia ministra de Sanidad Carolina Darias no descartaba la posibilidad. Alegaba que «el objetivo» que tiene el Ministerio es «bajar la incidencia hasta los 50 casos por cada 100.000 habitantes» de media. Un horizonte ambicioso para el que, según el Gobierno, se precisa mantener las restricciones.
La vicepresidenta Carmen Calvo, por su parte, señaló recientemente que se confía en no tener que extender el estado de alarma más allá del 9 de mayo. Avisó, no obstante, de que se podrían imponer medidas a las comunidades autónomas que «tendrían que ser cumplidas por todos obligatoriamente», aún cuando el estado de alarma ya no estuviese en vigor.
La pasada semana, el Gobierno ya endureció las medidas a las regiones en el marco de lucha contra la pandemia.
El documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de Covid-19 contempla la «supresión del servicio en zonas interiores de los establecimientos» de hostelería cuando la incidencia sea «alta. Es decir, por encima de los 150 casos. Asimismo, se limitan las reuniones -tanto en público como en privado- a un máximo de 6 personas, o de 4 en riesgo «muy alto» si no se trata de convivientes.
En el informe se explica que «el Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC) ha establecido un umbral de incidencia acumulada en 14 días de 25 casos por 100.000 habitantes para considerar que el riesgo comienza a incrementarse, y un límite superior de 150 para considerar que el riesgo es muy elevado».
«Para España, hemos establecido el intervalo 150-250 como un riesgo alto y hemos establecido un umbral adicional, incidencia superior a 250 por 100.000, para señalar situaciones de riesgo muy alto en las que se precisen acciones adicionales si las implementadas con incidencias de más de 150 no lograran controlar la transmisión», se añade.
Asimismo, se avisa de que se hará una valoración individualizada de la situación del territorio y se tendrán en cuenta otros posibles indicadores, incluidos los cualitativos y los referentes a «equidad en salud y vulnerabilidad social».
La decisión final de qué nivel de alerta se asignará al territorio evaluado «no sólo se fundamentará en el nivel de riesgo resultante de los indicadores, sino que podrá modularse con la tendencia ascendente del indicador y su velocidad de cambio», recoge el texto.
El Gobierno de Pedro Sánchez, no obstante, desconoce con exactitud el número de brotes que se producen en bares y restaurantes.
Según se explica en el informe, desde que «desde que finalizó la desescalada, casi la mitad de los brotes se han producido dentro de un contexto social, principalmente en lugares cerrados, como puede ser en domicilios o espacios interiores, en muchos casos mal ventilados, donde se habla en voz alta, se canta y no se hace buen uso de la mascarilla o se realizan actividades donde es incompatible su uso continuo, como comer, beber o hacer actividad física». Pero no se concreta cuántos corresponden a la hostelería.
Además, el Gobierno tendrá que decidir en los próximos días si modifica la ley que obliga a usar la mascarilla aún cuando se pueda mantener la distancia de seguridad.
El Tribuno de Rafa Fernández 