Pedro Sánchez fue encumbrado en 2017 como líder del PSOE en el 39 Congreso Federal del partido con varias promesas. Una de las más destacadas fue el mayor poder de la militancia, que podría tener voz en la elaboración de las listas electorales, los acuerdos de gobierno o en cuestiones «estratégicas» para el partido. Sánchez recibió un abrumador apoyo de aquellas bases a las que decía querer escuchar. Sin embargo, poco queda ya de esa promesa. El ahora presidente socialista impondrá una de las decisiones más relevantes de los últimos tiempos –los indultos a los líderes del procés– entre las críticas de los barones y sin dar voz al socialismo. 

«Debemos evitar cualquier involución hacia un modelo organizativo para el PSOE más propio de los partidos de notables y de lealtades clientelares que de las organizaciones socialdemócratas que valoran las deliberaciones y en las que la militancia participa directamente en la elección directa de sus dirigentes y candidatos, y en la toma de decisiones de trascendencia. Defendemos un modelo que responda a la tradición democrática de aquel PSOE de Pablo Iglesias que consultaba a la militancia las grandes decisiones», proclamaban las resoluciones de aquel 39 Congreso Federal.

Se defendía que el PSOE debía avanzar hacia «una cultura democrática de más calidad» y «una organización más abierta a la participación ciudadana». Y se enfatizaba que «la militancia debe ser considerada como la columna vertebral del partido».

«Son los actores principales del partido, en base a una nueva concepción de su papel como artífices de los nombramientos de los cargos internos, siendo consultados en las grandes decisiones estratégicas que adopte el partido. La militancia socialista es la que hace que el PSOE se parezca a España, y en consecuencia es el mejor canal para que lleguen al partido las principales demandas y propuestas ciudadanas», se puede leer en aquellos documentos.

Esa promesa se concreta en los Estatutos Federales, que determinan que se deberán «convocar las consultas a la militancia sobre aquellos asuntos de especial trascendencia que se determinen reglamentariamente». Aunque nunca trascendió cuáles eran esos asuntos concretos, no cabe duda de que el indulto a los dirigentes separatistas condenados por el referéndum ilegal tiene una «trascendencia» difícil de igualar.

Posteriormente, Sánchez fue limando la capacidad de las bases para participar en esas decisiones. En el Reglamento para el desarrollo de los Estatutos Federales se rige el procedimiento para convocar las consultas, que «serán, con carácter general, vinculantes». Se indica que «las comisiones ejecutivas federales, de nacionalidad o regionales, insulares, provinciales o municipales podrán convocar consultas a la militancia y la afiliación directa sobre aquellos asuntos de especial transcendencia que afecten a su ámbito territorial de actuación» y «se entenderán por asuntos de especial trascendencia aquellos que la Comisión Ejecutiva correspondiente considere con suficiente entidad y notoriedad para consultar a la militancia la posición política del partido».

Pero se incluye una limitación fundamental: la consulta deberá estar autorizada por la Comisión Ejecutiva «de ámbito superior a la proponente» y siempre y cuando «la Comisión Ejecutiva Federal no muestre su desacuerdo». Es decir, Ferraz se arroga el poder final para decidir si la militancia tiene voz en las decisiones.

Código Ético

En cualquier caso, aún al margen de las posteriores limitaciones, la negativa a escuchar a las bases en un asunto de tal calado supone un incumplimiento de las promesas a la militancia. La misma que permitió a Sánchez regresar a la Secretaría General del PSOE tras su dimisión en aquel convulso comité federal de octubre de 2016.

Por otro lado, con el indulto, Sánchez incumple el propio Código Ético del PSOE, que establece textualmente que: «Los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves».

Todos los militantes, se advierte, tienen la obligación de «conocer y respetar lo establecido en el Código Ético». Y quien incumpla lo dispuesto será «sancionado, previos los trámites reglamentarios y mediante decisión de los órganos competentes, con medidas que podrán llegar hasta la expulsión en aplicación del régimen disciplinario».

No obstante, el incumplimiento, más allá de lo simbólico, tiene un alcance limitado, ya que sería la propia Comisión Ejecutiva Federal -presidida por Pedro Sánchez e integrada por sus afines- los encargados de decidir si supone una falta grave o muy grave. Las sanciones previstas llegan a la suspensión de afiliación y/o inhabilitación para el desempeño de cargo público.

El ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha exigido este lunes a Sánchez que autorice un referéndum para que las bases se pronuncien sobre los indultos. El socialista ha recordado que la actual dirección del PSOE «llegó al poder diciendo que quería que hablara la militancia».

«Lo mejor sería que se hiciera un referéndum, que hace tiempo que no hablan las bases», ha señalado, en una entrevista en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco. Varios  dirigentes territoriales se han pronunciado también en contra de los indultos, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

fuente: https://okdiario.com/espana/pedro-sanchez-impondra-indultos-psoe-pese-que-prometio-consultar-bases-grandes-decisiones-7298763